OCDE pide a Latinoamérica aumentar su gasto en educación y mejorar su calidad

Se trata de conclusiones incluidas en el estudio "Perspectivas Económicas de América Latina 2009", que se presenta hoy en San Salvador y que ha sido elaborado por la organización con sede en París.

EFE

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Latinoamérica necesita incrementar y mejorar su gasto público en educación para salvar la diferencia que le separa de los países más desarrollados, según un informe publicado hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Aunque el gasto público en educación es "considerable y continúa en aumento" y actualmente ronda el 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) latinoamericano, el gasto por alumno es aún cinco veces menos en la región que la media de la OCDE, se señala en el informe.

Se trata de conclusiones incluidas en el estudio "Perspectivas Económicas de América Latina 2009", que se presenta hoy en San Salvador y que ha sido elaborado por la organización con sede en París.

"Los países latinoamericanos deben incrementar sus tasas de asistencia y finalización de la escolaridad más allá de la educación primaria universal", agregan los expertos de la OCDE.

El gasto social en desarrollo humano, y en particular en salud y en educación, "puede desempeñar un importante papel a la hora de igualar las oportunidades para todos", se recuerda en el informe, elaborado por el Centro de Desarrollo de la organización.

Los autores detectaron que la diferencia es mayor en la educación secundaria, donde los países latinoamericanos gastan una media del 13 por ciento por habitante en relación con el gasto público total, frente al 24 por ciento de la media de la OCDE.

Sin embargo, se reconoce que los países latinoamericanos "gastan proporcionalmente más en educación primaria que sus homólogos de la OCDE".

El gasto en educación, considera la OCDE es "un ejemplo de la forma en que la política fiscal puede potenciar no sólo el crecimiento sino también el desarrollo" en Latinoamérica.

El desafío para la región está en lograr canalizar el gasto público hacia políticas que estimulen la aplicación de mejores prácticas y que además cuenten con el respaldo social para su implementación.