8 de mayo de 2008
El próximo lunes será enviado al Congreso para su discusión y busca conciliar el trabajo intelectual con el manual.
El Poder Ejecutivo de Uruguay aprobó un nuevo proyecto de ley de educación que el lunes próximo será enviado al Congreso para su discusión.
La ministra de Educación y Cultura, María Simón, confirmó hoy que hubo consenso en el Consejo de Ministros, y que el tema pasa ahora a la órbita legislativa.
"Yo siempre digo que este proyecto educativo se debata, lo que quiere decir que la gente le dé importancia, y por lo tanto, lo considero positivo", dijo la ministra.
Destacó que "el rasgo fundamental" de esta iniciativa es que "es la primera vez que el país se da una Ley General de Educación que incluye todo el sistema y, dentro de ese sistema, el de educación pública".
Detalló que "lo que cambia es que en el país rige una ley de emergencia que se aprobó a la salida de la última dictadura (1973-1985) y que establece rasgos del gobierno y la administración, pero no un sistema" global.
Desde fines del siglo XIX la educación pública uruguaya es laica, gratuita y obligatoria, pero en la nueva normativa se establece ahora como "derecho universal inalienable" de todas las personas desde el nacimiento y durante toda la vida.
La nueva ley de educación uruguaya busca conciliar el trabajo intelectual con el manual y unificar el proceso de formación de los estudiantes, adaptándolo a las necesidades laborales del país.
"Se establece un sistema ampliamente transitable en que se puedan pasar entre distintas formaciones. Básicamente la formaciones de nivel post secundario son de tipo terciario, tecnológicas o orientadas a los servicios, a los idiomas, a la gestión, universitaria y formaciones para la educación", explicó la ministra Simón.
El gobierno del socialista Tabaré Vázquez tiene entre sus prioridades la educación pública, de manera que también hoy se anunció la inversión de 320 millones de dólares para la adquisición de computadoras personales que se entregarán a cada estudiante del ciclo primario.
El propósito del gobierno es que la nueva ley pueda entrar en vigencia el año próximo, aunque "el Congreso tiene sus tiempos" y "dependerá de la reglamentación que todavía no está hecha", aclaró al ministra.
"Lo más importante son los cambios culturales, de participación. Estos pueden empezar enseguida y pueden empezar, incluso, a gestarse las participaciones desde antes que se apruebe la ley en la medida de que haya arraigo popular", agregó Simón.
dpa