19 de julio de 2008
Ayer, el organismo multó a ocho altos ejecutivos por uso de información privilegiada en la compra de acciones de D6S en su fusión con Falabella. Su titular, Guillermo Larraín, manifestó su tranquilidad porque "se terminó un proceso de forma redondita".

Guillermo Larraín, superintendente de Valores y Seguros.
El superintendente de Valores y Seguros (SVS), Guillermo Larraín, manifestó su satisfacción por el término de la investigación por uso de información privilegiada y falta al deber de reserva en la compra de acciones, cuando se anunció el pasado 127 de mayo de 2007 la hoy frustada fusión entre D&S Falabella, que disparó el precio de los títulos de la primera firma.
Ayer, la SVS sancionó a ocho personas por esta situación. El director de D&S Hans Eben -que ayer fue respaldado por el presidente del directorio de la firma, Felipe Ibáñez-, una de las principales accionistas de Falabella, María Luisa Solari Falabella y la socia de la empresa de comunicaciones Extend, Ana María Laguna fueron multadas por incumplimiento del deber de reserva; mientras que Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Marcel Zarour, Eugenio Eben Aresti, Peter Studer, por uso de información privilegiada.
"No es ético que una persona porque tiene acceso, por alguna razón, a una información relevante de una compañía que es, por lo tanto, privilegiada pueda empezar a comprar acciones o venderlas si es que las noticias son malas a costa de una persona que es accionista de la misma empresa y que, en consecuencia, con él hay un deber de lealtad", expresó el superintendente en diálogo con radio Bío Bío.
"Le va ir a comprar acciones con información que su socio, porque estamos hablando de socios en este caso, no tiene. Esto es antiético y le hace mucho daño al mercado", agregó.
Larraín afirmó que "un mercado desarrollado requiere un énfasis en esta materia", al tiempo que manifestó que se ha ganado mucha eficiencia en labores de investigación, destacando el trabajo que realiza en conjunto con el Registro Civil.
"Hemos ganado mucho en eficiencia en el proceso investigador a través de acuerdos con el Registro Civil para poder identificar muy rápidamente a las personas que hacen transacciones, lazos familiares que puedan existir entre ellos, a través de la compra de programas computacionales", explicó Larraín, quien destacó que con este tipo de fiscalizaciones su busca velar por "la confianza" de cualquier inversionista debe goozar para actuar en el mercado.
Por ello, el regulador manifestó su satisfacción por la culminación de un proceso "de forma bastante redondita", tras un año de investigaciones.