18 de noviembre de 2008
Ministro Bitar dijo que “seremos implacables” contra los funcionarios y empresa que “venga a hacer soborno”.

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, se reunió esta mañana con con funcionarios de la seremi del MOP en Rancagua, luego de la cual informó que ocho funcionarios de la cartera fueron suspendidos de sus funciones, por estar presuntamente involucrados en fraude al Fisco y asociación ilícita.
Los funcionarios suspendidos son encabezados por el Fiscal Nacional César Destéfano, y se suman al asesor a honorarios de la Unidad de Conservación de Caminos, Aldo Rossi. El resto de los funcionarios son Ramón Palma, funcionario de vialidad; Mauricio Martínez, inspector; Patricia Ramírez, secretaria de contratos; Cristián Oses, inspector; Claudio de Geyter, inspector; Giovanni Reyes, inspector; y Patricio Agurto, inspector ya formalizado.
El ministro, dijo a la salida de la reunión que “la lucha contra la corrupción es una lucha nacional y este ministerio va a actuar a la cabeza”.
Por otro lado, agregó que “seremos implacables contra cualquier funcionario que atente contra los intereses de Chile, igualmente vamos a proceder contra cualquier empresa que venga a hacer soborno”. En tanto, en estos momentos, el titular de Obras Públicas, está reunido con fiscal regional, Roberto Díaz.
EL CASO
El jueves 13 de noviembre, y en una operación simultánea, la fiscalía de la VI Región y la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la firma constructora Pilén, en las ciudades de Arica, Rancagua y Santiago. Esto, en el marco de la investigación por fraude al Fisco y asociación ilícita.
También se allanaron dependencias de la firma Pilén y de su subcontratista Cigda en las tres ciudades. Tras ello, quedaron detenidos su propietario, Miguel Vásquez, y su esposa, Ingrid Ducross. También fueron arrestados el inspector fiscal a cargo de la supervisión de los contratos entre la cartera (VI Región) y la firma, Patricio Agurto, y Aldo Rossi, jefe regional de Conservación de Caminos.
A ellos se sumó David Arroyo, funcionario de Pilén acreditado en la cartera como residente y que era proveedor directo de arriendos de maquinaria en la VI Región.
El fiscal regional, Roberto Díaz, dijo que se detectó un perjuicio fiscal por 5.000 millones de pesos, a consecuencia de abultamiento de contratos de obras, que la empresa se adjudicaba para la conservación de caminos, pero que otras firmas ejecutaban las obras.