19 de octubre de 2008
Los 18 implicados enfrentan cargos por cohecho, falsificación de instrumento público, asociación ilícita y delito informático. La Fiscalía no descartó que haya carabineros involucrados.

Tras más de 12 horas de audiencia, se decidió que los 18 implicados en la red corrupción integrada por policías y funcionarios judiciales, quedaron en prisión preventiva bajo los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público, asociación ilícita y delito informático.
Los hombres serán derivados a la cárcel de Santiago y las mujeres al Centro Penitenciario Femenino.
En el caso de los hombres, ocho funcionarios de Investigaciones van a ser segregados de la población penal para resguardarlos de los demás internos; estos van a quedar incomunicados entre ellos por cinco días a partir de hoy sábado.
La Fiscalía dio un plazo de investigación de dos años para dilucidar esta causa.
En tanto, la fiscal a cargo del caso (centro norte), Nancy González, no descartó que personal de Carabineros también esté vinculado a la red dedicada a adulterar antecedentes prontuarios en beneficio de delincuentes. Esto, pese a que dicha institución policial descartó que alguno de sus funcionarios esté involucrado.
EXTENSA FORMALIZACION DE CARGOS
Todos los detenidos fueron sometidos a control de detención en horas de esta mañana y y luego drivados al 7° Juzgado de Garantía de Santiago en audiencia de formalización de cargos. Esto, a pesar de la petición de la fiscal González, quien pidió ampliar hasta el domingo el plazo para formalizar a los imputados.
El argumento de González respondía a que aún faltan 20 órdenes de detención, que corresponden a los delincuentes beneficiados y a la necesidad de analizar los antecedentes que se han adquirido en los allanamientos de las casas de los capturados.
Así, el magistrado del 7° Juzgado de Garantía no dio a lugar la solicitud, declarando aceptables los argumentos de la Defensa, que señaló que el Ministerio Público contaba con todos los antecedentes en su carpeta de investigación secreta.
La Fiscalía Centro Norte cuenta con 12 mil escuchas telefónicas, algunas de las cuales serán dadas a conocer en la audiencia de formalización en el Centro de Justicia.
En tanto, existe un detenido número 19, identificado como Oscar Enrique Contreras Cruz, quien fue apresado en Calama, por lo que el magistrado envió un exhorto a los Juzgados de Calama para que el control de detención fuera en esa ciudad.
DATOS DE LA AUDIENCIA
La fiscal a cargo del caso expuso durante una hora todos los delitos en los que incurrieron los imputados, los que permitieron borrar antecedentes criminales, rebajar condenas y emitir contraórdenes de arrestos falsas; además de adulterar maliciosamente muestras de sangre para los exámenes de alcoholemia en el Servicio Médico Legal.
En los casos de borrar antecedentes, funcionarios de Investigaciones chequeaban los antecedentes de un imputado determinado y utilizando claves que otras personas ingresaban al sistema informático del Sistema de Gestión Policial -Gepol- de esta manera y a través de personas falsas, los delincuentes quedaban sin órdenes de arresto, lo que les permitía salir del país y no ser detenidos. En este delito, la fiscalía acreditó 16 casos.
Uno de los ilícitos que se dieron a conocer corresponde al caso del imputado Manuel Fernando Barría Fernández (delincuente) a quien para borrarle los antecedentes, el sujeto detenido en Calama - Oscar Contreras- usó una clave para ingresar al sistema informático de la Gepol y usando el nombre falso de Luis Pérez Pérez ocultó las órdenes de arraigo y de arresto que tenia Barría.
Cinco días antes otro imputado, Ricardo Montes usó una clave de un ex funcionario de Investigaciones para verificar los antecedentes del delincuente, que presentaba el delito de giro doloso de cheque. De esta manera, salió hacia Argentina y Uruguay.
En el caso del Servicio Médico Legal, el funcionario Darwin Arancibia, ofrecía cambios de sangre por cerca del millón de pesos. Tal como ocurrió con el caso de una mujer que chocó en calle San Ignacio, estando ebria. Arancibia esperó a la madre de la mujer, a quien le sacaron muestras de sangre por efectos de la alcoholemia pertinente, ofreciéndole el cambio de sangre sin restos de alcohol.
PRINCIPAL INCULPADA
Margarita Cuadros es la principal imputada en el caso de una extensa red de corrupción por la cual ya hay 18 personas detenidas, pertenecientes a la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios judiciales, y la cual beneficiaba a delincuentes borrando sus antecedentes delictuales.
La mujer era el nexo entre los fincionarios de la policia civil y los funcionarios judiciales. Ella es una ex trabajadora tanto de la PDI como de ese poder del Estado.
La Fiscalía Centro Norte la sindicó esta noche como la pieza clave de la red. La mujer buscaba y captaba a los delincuentes que se veían beneficiados con estas prácticas corruptas.
La fiscal Nancy González relató durante la extensa audiencia comenzada la tarde de hoy, que ella aprovechando todos los vínculos que tenía dentro del Poder Judicia, habría formado una red de protección importante que incluso la llevo a filtrar informaciones sobre esta misma investigación, conociendo incluso de las deligencias que ordenaba la propia funcionaria del Ministerio Público.