9 de octubre de 2008
A la investigación que realiza Contraloría sobre un presunto cobro excesivo de los subsidios de reparación, el parlamentario agregó nuevos antecedentes sobre el supuesto pago irregular de demoliciones.

Hay dos denuncias distintas. Una es el presunto cobro excesivo de los subsidios de reparación de viviendas, tras el terremoto de noviembre pasado en Tocopilla, y otra es el pago irregular por la demolición de casas destruidas, ambas acusaciones que el senador Carlos Cantero (independiente, ex RN) mantiene y que recién están en fase de investigación.
En efecto, la contralora regional de Antofagasta, Virginia Godoy, confirmó una investigación: la fiscalización a 19 viviendas, marcadas con dirección incluida, que fueron objeto de la denuncia y en la cual trabaja en terreno un constructor civil, quien se encargará de establecer si los reclamos que dice haber recibido Cantero presentan alguna veracidad.
Por reparar grietas, estucar, pintar paredes, arreglar puertas y trabajos menores, las empresas -establece la denuncia- estarían cobrando $ 4 millones, monto que dice la directora del Serviu, Roxana Campos, es el máximo permitido, y que se autorizaría en caso eventual de que el daño estructural lo justifique.
A esta investigación se agrega el pago irregular por cada casa demolida, donde las familias –dice- han sido "amenazadas" para que firmen el Decreto de Demolición, que permite el cobro del dinero, sin el cual sería supuestamente imposible iniciar la construcción de nuevas viviendas.
Este antecedente recién hoy ingresó a la Contraloría, sin que aún exista una fiscalización, como en el caso anterior, situación que deberá producirse en los próximos días, y donde Cantero insiste en denunciar, pese a que la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, calificó estas presuntas irregularidades como "acusaciones al voleo".
ÓRDENES DE COMPRA
Pese a ello, Cantero se mantiene, e insiste. Hoy sobre esta última arista, cuestionó a la Sociedad Frontera Norte Ingeniería Ltda., una de las firmas que trabajan en las demoliciones, al señalar que sólo se constituyó oficialmente -a través publicación en el Diario Oficial- el 8 de marzo pasado y que inició actividades tributarias en el Servicio de Impuestos Internos (SII) el 10 de marzo.
En esta misma fecha, dice el coordinador del Plan Tocopilla, Hernán Ortega, comienza a trabajar la firma en Tocopilla, por medio de órdenes de compra con el Serviu en las demoliciones de viviendas, sin que haya sido a través de licitación pública, como comúnmente ocurre, dado el carácter de emergencia de las reparaciones.
El senador replica que, pese a ello, la firma no tenía antecedentes de ningún trabajo previo en el área, y que la sociedad la conformaron dos socios con un capital de $ 3 millones, en Iquique, situación que dijo también será notificado al organismo fiscalizador para que investigue si es que hubiese alguna irregularidad.
En el proceso de demolición, el Serviu catastró un total de 2.400 viviendas para demoler. De ese número se han derribado 1.476 casas, proceso que sigue en curso, y que está a cargo de Sociedad Frontera Norte, la firma que cuestiona Cantero, y de Mario Ponzio, las cuales trabajan en conjunto desde marzo de 2008, y que hasta agosto pasado habían recibido 1.158 millones y $ 546 millones, respectivamente, por sus servicios.
Campos informó que en la región colaboran en las demoliciones de viviendas siete firmas, cinco de ellas de la zona, las cuales incluso, dice, han cobrado en otras comunas hasta un 50% más que los pagos hechos en Tocopilla.