8 de octubre de 2008
Las protestas ocurrieron en todo el país, y en Lima agruparon a 15 mil manifestantes.
El domingo pasado, un programa de la televisión peruana transmitió unos audios en que el funcionario de la firma estatal Perupetro, Alberto Químper y el lobbista Rómulo León Alegría, militantes en el partido oficialista PAP, manipulan para que cinco pozos le sean cedidos a la compañía noruega Discover Petroleum, que les paga por ello.
Por eso, unas 15 mil personas desfilaron por las calles céntricas de Lima en el acto central de protestas contra el gobierno de Alan García, por los actos de corrupción antes mencionados y por la desigualdad de la política económica liberal impuesta por el ejecutivo.
"El pueblo está luchando y el APRA (nombre original del gobernante Partido Aprista Peruano, PAP) está robando", corearon los manifestantes en marchas masivas realizadas en Lima y otras ciudades.
Encabezados por la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Carmela Sifuentes, los manifestantes llegaron hasta la sede del Congreso, donde le entregaron un pliego al presidente de ese foro, Javier Velásquez Quesquén.
Más allá de esa manifestación y del caos de tráfico que generó en el centro de Lima, las actividades fueron normales para los ocho millones de habitantes de la ciudad, lo que llevó al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, a tildar a la jornada de "fracaso".
Un panorama similar se vio en el interior del país. En varias ciudades hubo concentraciones y movilizaciones pacíficas, las que en algunos lugares fueron masivas y en otras no tanto.
En los cuatro departamentos que decidieron acompañar la jornada con una huelga cívica de 24 horas, Amazonas, Arequipa, Cusco e Ica, hubo restricciones en las actividades diarias, pero causaron una paralización total como en otras oportunidades.
El único gremio que llevó la protesta a un cese de actividades fue el de los maestros del Estado. Aunque la paralización en ese sector fue amplia, la obediencia no fue total, pues algunos colegios públicos trabajaron, según reportes periodísticos.
Hacia el mediodía, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, y el director general de la Policía, el general Octavio Salazar, dijeron que el orden era absoluto y que sólo se registraron problemas de alguna importancia en la ciudad de Arequipa, donde obreros de la construcción atacaron autobuses que transitaban.
Salazar incluso destacó la "responsabilidad" de los entes convocantes, que habían prometido que todo sería pacífico.
La protesta, tercera de esas características en lo que va de gobierno de García, fue convocada por la Coordinadora Política y Social, un conglomerado de fuerzas sindicales, cívicas y políticas entre las que destaca la CGTP, la mayor central obrera del país.