Gobierno y oposición boliviana establecen bases para negociar cambios constitucionales

Las partes esperan firmar esta noche las condiciones de negociación, cuando retorne el Presidente, Evo Morales.

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Gobierno y oposición acordaron esta madrugada las bases para negociar los cambios constitucionales en Bolivia, en medio de acusaciones mutuas sobre la violencia en la región amazónica, donde se desconoce cuánta gente murió el jueves.

Las partes esperan firmar esta noche las condiciones de negociación, cuando retorne el Presidente, Evo Morales, de la reunión de Unasur en Chile, según el acuerdo al que llegaron tras una discusión de cerca de ocho horas. "Hemos tenido que rediscutir los temas, pero diría que vamos por buen camino. No hay condicionamientos, estamos avanzando bien. Yo espero que lo que queda de tarea esté completo hoy", declaró Mario Cossio, prefecto de Tarija.

En la reunión con el vicepresidente, Alvaro García Linera, el prefecto Cossio representó a sus colegas y a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, Pando, Chuquisaca y Beni, que conforman el opositor Consejo Nacional Democrático (Conalde). "Esperamos concluir hoy el documento para firmarlo esta noche", anunció el viceministro de descentralización, Fabian Yaksic, al concluir la reunión.

En el documento se estipularán los temas que se analizarán en el diálogo político, quiénes participarán, cuál será la metodología y quiénes serán los mediadores o facilitadores. La agenda incluirá los cambios constitucionales, en particular la demanda de autonomías departamentales y la redistribución del impuesto a los hidrocarburos cuyo recorte motivó la protesta de las regiones que estalló hace 21 días.

Antes de la reunión, el vicepresidente García Linera dijo que "en los temas centrales" el gobierno actuará "con propuestas concretas, flexibles, de beneficio pleno para los departamentos y las regiones". Pero dejó en claro que "el gobierno no negociará los muertos, la responsabilidad penal y criminal de los asesinos", que "serán perseguidos, enjuiciados y encarcelados", igual que "los actos de terrorismo criminal contra las instalaciones energéticas".

García Linera puso en esa categoría de "criminales y masacradores" al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, al que responsabilizó por los hechos de violencia del jueves. Poco después de esa declaración, desde Pando y por teléfono, el prefecto Fernández pidió al gobierno que "no haga tanto show" porque sabía "ya antes lo que iba a pasar" al igual que el ejército, la policía y la iglesia.

Cuatro días después del cruento choque entre oficialistas y opositores, se desconoce el número oficial de muertos y ambas partes se acusan mutuamente de haberlo provocado.

Hasta ayer, en el hospital de Cobija, la capital de Pando, se constató la muerte de 17 personas.

La federación de campesinos dijo que murieron 25 personas, de las que identificó a 9, mientras el ministro de gobierno, Alfredo Rada, sostuvo que "se acercan a la treintena".