14 de agosto de 2008
Rafael Merino Bartet, dijo que junto al que entonces era su jefe, Vladimiro Montesinos, y otras dos personas elaboró el decreto que ordenaba el "fusilamiento" de Guzmán Reynoso.
Un ex asesor afirmó que durante su gobierno, el entonces Presidente Alberto Fujimori quiso hacer fusilar al líder del grupo subversivo Sendero Luminoso, para lo cual se elaboró en el servicio de inteligencia un decreto que ordenaba la ejecución aunque nunca se concretó. Rafael Merino Bartet, que fue asesor de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dijo que junto al que entonces era su jefe, Vladimiro Montesinos, y otras dos personas elaboró el decreto que ordenaba el "fusilamiento" de Guzmán, su compañera sentimental y lugarteniente Elena Iparraguirre y el guerrillero Xenón Vargas.
Merino fue el último llamado al estrado en el juicio que enfrenta Fujimori por dos matanzas cometidas en su gobierno por un escuadrón de la muerte del ejército. El testigo entregó a la sala judicial copia del documento preparado, así como otros dos documentos en los que se precisaba los detalles de cómo debería realizarse la ejecución.
Dijo que Fujimori modificó el orden dispuesto originalmente en el decreto para que "primero se fusile a Xenón Vargas, después a (Elena) Albertina Iparraguirre y finalmente a Guzmán Reynoso, quien debía estar presente en el acto de ejecución como una forma de presionarlo para que a su turno proporcione información", contó Merino en la audiencia al entregar los documentos.
Dijo que desconocía por qué no se realizó la ejecución de Guzmán.
Montesinos afirmó en una oportunidad que salvó a Guzmán al convencer a Fujimori que el líder senderista valía más vivo que muerto.
El testigo reveló que, por orden de Montesinos, redactó discursos que pronunciarían jefes militares y ministros, incluso con el que Fujimori comunicó el 5 de abril de 1992 el cierre del congreso y las cortes de justicia.
Merino contó que cuando Fujimori desactivó el SIN al revelarse los sobornos que Montesinos, el jefe de ese organismo, pagaba a congresistas, un general dio la orden de incinerar todos los archivos de esa institución y borrar los discos duros de las computadoras.
Merino manifestó que trató de salvar lo que pudo copiando la información de su computadora y de la que tenía al lado, que almacenó en "unos 10 u 11 disquetes". Merino entregó esos disquetes a autoridades judiciales y a dos comisiones del Congreso que investigaron los hechos tras la caída del gobierno de Fujimori.