Suspenden juicio contra ex militares argentinos

Los generales retirados están acusados de la desaparición del senador tucumano Guillermo Vargas.

AP

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Un tribunal de la provincia norteña de Tucumán suspendió el martes el juicio oral contra los generales retirados Antonio Bussi y Luciano Menéndez por el asesinato de un senador en 1976 luego de que el primero se enfermara en la sala y fuera trasladado a un hospital.

Bussi, de 82 años, acusó dolores en el pecho y fue retirado en camilla de la sala de audiencia y llevado en ambulancia al Centro Privado de Cardiología de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia con el mismo nombre, a 1.312 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Inmediatamente, los jueces del tribunal oral en lo criminal federal suspendieron el juicio hasta el miércoles, lo cual provocó la indignación de miembros de organismos de derechos humanos apostados fuera de los tribunales.

Bussi y Menéndez -quien la semana pasada fue condenado a cadena perpetua en otro caso por violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba- están acusados de la desaparición del senador tucumano Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe militar que marcó el comienzo del régimen que se extendió hasta 1983.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal federal Emilio Ferrer solicitó que Bussi y Menéndez -de 82 y 81 años, respectivamente- sean juzgados por los delitos de violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado.

Este es el primer juicio por los delitos cometidos durante la dictadura en la provincia de Tucumán, donde Bussi encabezó el llamado "Operativo Independencia" dispuesto por decreto en 1975 por la entonces Presidenta María Estela Martínez, viuda de Juan Perón, para aniquilar a la subversión.

LA DESAPARICION
Según la investigación judicial, Vargas Aignasse fue secuestrado por un grupo de encapuchados el día del golpe. Su esposa, Marta Cárdenas, relató que su marido regresó al día siguiente acompañado por policías a buscar unos documentos. El 1 de abril de ese año Cárdenas consiguió un permiso para visitar a su esposo en la cárcel. Declaró que presentaba señas de que había tenido los ojos vendados y las manos atadas.

El 6 de abril, un militar llamó a Cárdenas por teléfono para avisarle que el día anterior Vargas Aignasse había sido liberado. Pero el senador nunca apareció. Según los militares, habría sido interceptado tras su liberación por desconocidos, presumiblemente de la organización armada Montoneros ya que, según Menéndez, durante su cautiverio el senador había cooperado en la desarticulación de varias células de esa organización.

Ricardo Bussi, hijo del general retirado, adelantó a periodistas que su padre reclamará la presencia ante la justicia de la viuda de Perón porque fue ella quien "ordenó aniquilar a la subversión".

Bussi fue gobernador de facto de Tucumán al inicio de la dictadura. Tras el regreso de la democracia fue acusado de secuestros y asesinatos, pero una ley de amnistía impidió su procesamiento.

En 1995 fue elegido gobernador de Tucumán, cargo que ocupó hasta 1999. Al fin de su mandato fue electo diputado, pero la cámara baja rechazó su diploma por considerar que su "participación activa en crímenes de lesa humanidad" lo inhabilitaban moralmente para ejercer el cargo.

La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que en julio de 2007 dictaminó que la cámara se había excedido al negar la incorporación de Bussi. El cuestionado mandato, sin embargo, ya había caducado.

En 2003 fue elegido alcalde de la capital de Tucumán pero no logró asumir: tres meses después de las elecciones fue detenido por la desaparición de Vargas Aignasse.

Según cifras oficiales, 13.000 detenidos políticos "desaparecieron" durante el regimen militar. Los organismos de derechos humanos sostienen que se trató de 30.000.

En 1986 y 1987 el Congreso dictó dos leyes de amnistía para militares y policías, en momentos en que el entonces presidente Raúl Alfonsín, que había dispuesto el enjuiciamiento de las juntas militares, estaba sometido a una fuerte presión castrense.

En 1989 y 1990 su sucesor, Carlos Menem, indultó a los militares condenados. La Corte Suprema de Justicia abrió el camino a nuevas causas judiciales al declarar inconstitucionales en 20005 las dos leyes de amnistía y anular los indultos en 2007.