9 de octubre de 2008
Por este caso, la fiscalía incautó mails de La Moneda entre 2005 y 2006.

A través de dos preinformes, el contralor Ramiro Mendoza se pronunció ayer sobre los contratos de la empresa Ser Producciones con la Presidencia de la República, indagados por la Fiscalía de Ñuñoa. Uno de ellos es el convenio por $ 17 millones destinado a financiar actividades del cambio de mando, pero que en realidad se usó para pagar honorarios del comando de Michelle Bachelet después de la segunda vuelta.
El otro, por $ 39 millones, era para la visita del Presidente Vicente Fox a Chile, pero se detectó que los dineros se usaron en otros fines.
Según trascendió, el oficio de Mendoza por el primer contrato objeta varios procedimientos administrativos, pero no impugna el tema de fondo: los pagos a 22 miembros del comando de Bachelet con dineros de La Moneda. Para Contraloría, las actividades de la Presidenta electa corresponden a funciones públicas desde el momento en que gana los comicios. Por ello, los gastos asociados a sus quehaceres en el período previo al cambio de mando se pueden pagar con dineros públicos, como ocurrió en enero y febrero de 2006, a través del contrato con la productora.
Con respecto al segundo contrato, el ente fiscalizador planteó una serie de observaciones, pues éste presenta serias irregularidades en términos contables y administrativos. Pese a que la factura señala que el pago es para la visita de Fox, lo cierto es que la productora no trabajó en este evento. Según han explicado los dueños de Ser y el director administrativo de la Presidencia en esa época, Roberto Espinoza, el dinero era para cancelar una deuda con la firma por la fiesta de Navidad 2005. Dicen que la factura dice otra cosa por un error.
Sin embargo, se detectó que no existe ningún contrato previo con la empresa que justifique el pago, lo que agrava la situación. Ahora, La Moneda tiene un plazo de 10 días para responder, luego Contraloría deberá emitir sus informes finales.
Fuentes ligadas al caso indican que para los fiscales Vinko Fodich y Pablo Norambuena la opinión de Contraloría es relevante, pero no vinculante. Recuerdan que la indagación sigue y que sólo al término de ésta se podrá establecer si hay delito o no.