Los argumentos del fiscal Fodich para incautar los mails de la Presidencia

La acción es parte de la investigación de los pagos que recibieron 22 miembros del comando de Michelle Bachelet con dineros de la Presidencia de la República en enero, febrero y marzo de 2006.

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El pasado 27 de agosto, los fiscales Vinko Fodich y Pablo Norambuena llegaron sorpresivamente a La Moneda para incautar mails y archivos, como parte de la investigación de los pagos que recibieron 22 miembros del comando de Michelle Bachelet con dineros de la Presidencia de la República en enero, febrero y marzo de 2006. El allanamiento desató la inmediata molestia del Ejecutivo, pues se requisaron antecedentes considerados de alta sensibilidad, correspondientes a los últimos 10 meses de la administración anterior y a los primeros dos de la actual.

Pero días antes -el 20 de agosto pasado- los fiscales habían enviado al 8° Juzgado de Garantía un escrito -calificado de reservado- para solicitar la autorización para incautar el servidor de mails desde La Moneda. En el documento explicaban el avance de la causa y la necesidad del allanamiento. La fiscalía indaga dos convenios entre la Presidencia y Ser Producciones autorizados por Roberto Espinoza, director administrativo de la Presidencia en la era Lagos, por $ 17 y $ 39 millones.

"Con ese dinero (de las arcas fiscales) se acreditó que se pagaron honorarios a personas que no trabajaron en el cambio de mando presidencial, sino que siguieron prestando los mismos servicios que habían realizado en plena campaña electoral y que después de la elección efectuada el 15 de enero de 2006 siguieron trabajando de la misma manera", explicaron los representantes del Ministerio Público.

También detallaron algunas de las diligencias realizadas y los testimonios recopilados, entre ellos el de la ex Primera Dama Luisa Durán.

Según el escrito, en los contratos entre la Presidencia y la consultora hubo falsificación de documentos y la plata se destinó a fines distintos de los aprobados. "El imputado logró que el Fisco de Chile entregara dineros a la empresa mencionada por labores que no se realizaron, para lo cual creó una apariencia de necesidad pública", dice el informe de los fiscales.

Por su parte, en La Moneda consideraron que se incautó más información de la necesaria y se quejaron ante el fiscal nacional, Sabas Chahuán.