Cámara aprueba aumentar sanciones a funcionarios públicos que defrauden al Fisco

El diputado Jorge Burgos destacó que la voluntad políticas para avanzar en temas de probidad.

La Tercera.com

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Los empleados públicos que defrauden al fisco recibirán penas de cárcel de acuerdo a los montos comprometidos, señala proyecto de ley aprobado hoy en forma unánime por la Cámara y despachado al Senado a segundo trámite constitucional.

El diputado DC Jorge Burgos, autor de la iniciativa, agregó que en términos generales, “se aumentan las penas por delitos cometidos por funcionarios públicos en figuras como cohecho, fraude y defraudación; y, se mejora el tema de las inhabilidades para ejercer cargos públicos en casos de condenas”.

Burgos explicó que la iniciativa propone aplicar al delito de fraude al fisco, el mismo criterio de penalización utilizado en las defraudaciones, o sea, el monto comprometido, pero estableciendo penas más elevadas, en razón de la gravedad que supone la ejecución del delito por un monto mayor. El texto aumenta en un grado las penas asignadas a los delitos de negociaciones incompatibles, cohecho y tráfico de influencias.

El parlamentario agregó que “la aprobación unánime de este proyecto, en menos de seis meses, demuestra que cuando hay voluntad políticas, en temas como la probidad, no se requiere de agenda prioritarias”.

El proyecto fue presentado por los diputados Jorge Burgos, Guillermo Ceroni, Nicolás Monckeberg y del ex parlamentario Juan Bustos, incorporando observaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a la Convención para combatir el cohecho de funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

DETALLE DE PENAS
De esta forma, si la defraudación excede de 40 UTM ($1 millón 463 mil), el funcionario será sancionado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y 1 día a 10 años).

Si la defraudación es de 4 a 40 UTM ($146 mil a $1 millón 463 mil), la sanción será de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años); y de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años), si la defraudación oscila entre 1 y 4 UTM ($36.581 a $146 mil).

Si el monto defraudado excede las 400 UTM (sobre $14 millones y medio), se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años).

Además, se le aplicarán las penas de multa del 10% al 50% del perjuicio causado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo (5 años y 1 día a 10 años).